A lo largo de los años, los paramilitares han sido responsables de graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, tortura y violencia sexual. Aunque algunos grupos paramilitares se han desmovilizado en el marco de procesos de paz, otros han continuado operando de manera clandestina. El fenómeno paramilitar en Colombia es complejo y ha tenido profundas implicaciones sociales, políticas y económicas en el país.

Contexto

En el momento de la masacre, en la región de los Montes de María operaban los frentes guerrilleros 35 y 37 de las Farc, y el Jaime Bateman Cayón del Eln. Los primeros incursionaron en los Montes de María a comienzos de los años noventa, y coparon los territorios del Epl (Ejército Popular de Liberación) y el Prt (Partido Revolucionario de los Trabajadores) después de su desmovilización en 1991 como parte de los acuerdos de paz con el gobierno de César Gaviria. Los dos frentes habían sido creados en la segunda mitad de los años ochenta como desdoblamientos del frente 18 que operaba en el departamento de Córdoba, y llegaron a los Montes desde el sur de Bolívar y el Bajo Cauca respectivamente. El frente 35 operó en los municipios de los Montes de María del departamento de Sucre, y por su parte el 37 actuó en los del departamento de Bolívar.59 Pero allí también operaba el frente Rito Antonio Ochoa de las Auc (Autodefensas Unidas de Colombia), estructura paramilitar conformada en 1997 cuyas acciones se adelantaron con base en cuatro subgrupos: El Guamo (El Guamo, Zambrano, Córdoba, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y El Carmen de Bolívar), San Onofre (San Onofre, Toluviejo, Ovejas, Chalán y Los Palmitos), María La Baja (María La Baja, San Juan Nepomuceno y San Jacinto) y Zambrano (El Carmen de Bolívar, Zambrano y Córdoba).60 Este frente fue subsumido por el frente Héroes de Montes de María que marcó su irrupción en ese territorio con la masacre de El Salado.

La fuerza pública, por su parte, ha hecho presencia en el territorio a través de la Primera Brigada de Infantería de Marina y los Comandos Departamentales de Policía de Bolívar y Sucre. Las unidades militares con jurisdicción en el territorio de los Montes de María fueron el Batallón de Infantería de Marina No 5, así como los Batallones de Contraguerrilla de Infantería de Marina Nº 31 y 33. Las unidades policiales contaron con la presencia de puestos de policía en los cascos urbanos de los municipios, así como con un Distrito de Policía en El Carmen de Bolívar. A la realidad militar anterior se llegó después de profundas transformaciones de la región. En efecto, los Montes de María fueron un escenario marginal en el desarrollo del país hasta los años ochenta, pues carecían de importancia estratégica dentro del funcionamiento de la economía nacional y de la dinámica del conflicto armado nacional. Esto cambió en los años noventa con el desarrollo del sistema vial regional y la apertura económica, pues su ubicación en los ejes de acceso al sistema portuario del Caribe le dio relevancia por el alto potencial de desestabilización económica que adquirió. Esta situación fue aprovechada por la guerrilla de las Farc en su guerra contra el Estado y las élites, junto con las posibilidades que brindó el golfo de Morrosquillo, ubicado en su costado occidental, para el contrabando de armas.

Esa nueva relevancia estratégica también fue aprovechada por narcotraficantes, quienes la utilizaron para el transporte de la cocaína que se produce en la serranía de San Lucas (Sur de Bolívar) y el Bajo Cauca, en su ruta hacia el exterior del país,61 y por los grupos paramilitares, que aparecieron en ese territorio no sólo por la presencia de la guerrilla, sino también porque buscaron caminos para el contrabando de armas y para sus alianzas con los narcotraficantes. Según el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República, la división de la región en áreas geográficas diferenciadas permite explicar la presencia territorial de los actores armados. En la subregión del Litoral Caribe, la compra de tierras por parte de narcotraficantes se viene produciendo desde la década del ochenta; y el actual proyecto de consolidación de territorios situados alrededor de la carretera que comunica a Cartagena con la región del golfo de Morrosquillo ha estado acompañado por los grupos paramilitares que amparan la expansión territorial y las actividades ilícitas del narcotráfico. Los municipios donde se han registrado las mayores compras de tierras por narcotraficantes son Tolú, Toluviejo, San Onofre, Palmito y Sampués. De otro lado, en las riberas del río Magdalena, caracterizadas por sabanas donde se han desarrollado ganadería extensiva y agricultura comercial, los grupos paramilitares han encontrado condiciones que favorecen su implantación ante la presión que ha ejercido la guerrilla a través del cobro de la extorsión y la realización de secuestros.

La guerrilla, por su parte, despliega sus acciones sobre el territorio desde la subregión montañosa. Así, El Carmen de Bolívar se convirtió en el objetivo más codiciado dentro de la disputa armada, como centro económico regional esencial en la logística y obtención de recursos, escenario de articulación de los ejes viales que atraviesan el territorio y conexión entre el río Magdalena, la carretera Troncal de Occidente y el golfo de Morrosquillo.62 Dentro de dicho municipio, el corregimiento de El Salado fue convertido por la guerrilla en retaguardia estratégica, pues su posición geográfica permite un despliegue operativo hacia la totalidad de los puntos cardinales en la región, en Córdoba, Zambrano, Ovejas y el mismo El Carmen de Bolívar, es decir, posibilita golpear el corazón de los Montes de María, además de permitir el acceso y la disposición de agua en una región seca y caliente. Sin embargo, es importante aclarar que no se trata de una geografía como la que habitualmente se asocia con una zona de retaguardia estratégica desde el punto de vista militar, en tanto es poco quebrada y carece de vegetación agreste

Extraído de: “LA MASACRE DE EL SALADO: ESA GUERRA NO ERA NUESTRA” - Centro Nacional de Memoria Histórica

Conclusiones

La Masacre de El Salado, ocurrida en febrero de 2000 en Colombia, es un evento profundamente trágico y significativo en la historia del conflicto armado en el país. Esta investigación ha revelado la complejidad y la brutalidad de los actos perpetrados por grupos paramilitares en contra de la población civil en la región de El Salado.

La conclusión es clara: la Masacre de El Salado representa un sombrío recordatorio de las atrocidades cometidas durante décadas de conflicto armado en Colombia. Es un ejemplo de la violencia indiscriminada y el terror que han enfrentado las comunidades rurales durante este tiempo.

Además, la investigación destaca la importancia de la verdad, la justicia y la reconciliación en el proceso de construcción de la paz en Colombia. Es fundamental que se reconozcan los crímenes cometidos, que se responsabilice a los perpetradores y que se brinde apoyo integral a las víctimas y a las comunidades afectadas.

En última instancia, la Masacre de El Salado es un llamado a la acción para garantizar que eventos tan trágicos nunca se repitan y para trabajar incansablemente hacia un futuro de paz, justicia y prosperidad para todos los colombianos.